Cataluña se enfrenta a un desafío importante: recuperar el tiempo perdido en energías renovables. Aunque se ha avanzado respecto a años anteriores, las energías renovables solo representaron el 21,6 % de la producción eléctrica catalana en 2024 (ICAEN, 2024), una cifra aún lejos de la media estatal (56,8 %) e insuficiente para alcanzar los objetivos de transición energética. El territorio necesita reducir la dependencia de fuentes externas y de la energía nuclear, que todavía aporta casi el 60 % de la producción energética.

El impulso de la energía solar se ha encontrado con dificultades y resistencias, especialmente desde el sector agrario. Las entidades del campo alertan de que la instalación de paneles fotovoltaicos sobre suelo agrícola puede comportar una pérdida de producción alimentaria, agravando una dependencia que ya es elevada: Cataluña solo cubre con producción propia menos de la mitad de lo que consume. Este debate pone de manifiesto la necesidad de un modelo energético que no enfrente la transición energética con el futuro del campo, sino que los haga compatibles.

Cataluña necesita reducir la dependencia energética y avanzar hacia un futuro de renovables con cohesión territorial.

Para dar respuesta a esta situación, la Generalitat ha introducido modificaciones en la ley de emergencia climática y ha definido unos criterios que buscan ordenar y equilibrar la implantación de nuevas instalaciones. El objetivo es claro: reducir el impacto social y territorial de los proyectos y, al mismo tiempo, promover el autoconsumo y la generación distribuida.

Algunos puntos claves del nuevo modelo

  • Priorizar instalaciones de proximidad y de dimensión media o pequeña.
  • Asegurar acuerdo con el territorio antes de iniciar un proyecto.
  • Proteger terrenos agrícolas de alto valor agronómico, permitiendo solo soluciones que combinen agricultura y fotovoltaica.
  • Impulsar la generación distribuida, compensando zonas urbanas que no cubran al menos el 50% de su consumo con energía renovable.

Este marco abre la puerta a nuevas oportunidades. Una de las más destacadas es la agrivoltaica, que permite aprovechar un mismo espacio para generar alimentos y energía, creando sinergias positivas entre ambos sectores. También hay un gran potencial en el impulso del autoconsumo y las comunidades energéticas, que dan protagonismo a los ciudadanos y municipios, fomentan el ahorro y refuerzan la cohesión social. Además, la implantación de instalaciones solares, cuando se realiza de manera consensuada y respetuosa, puede dinamizar la economía local, generar puestos de trabajo y aportar ingresos adicionales al mundo rural.

En definitiva, el reto solar de Cataluña no es solo una cuestión técnica o normativa, sino también social y territorial. El futuro energético del país dependerá de la capacidad de articular un modelo que combine sostenibilidad, diálogo e innovación. Si conseguimos avanzar en esta dirección, la energía solar se convertirá en una oportunidad no solo para reducir emisiones y ganar autosuficiencia, sino también para fortalecer el tejido económico y preservar nuestro patrimonio agrícola.

En Solager creemos que este es el camino a seguir: convertir el sol en un motor de desarrollo limpio, resiliente y compartido para toda la sociedad catalana.